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Hacinamiento, salud y hambre empeoran en cárceles de Latinoamérica en medio de pandemia de COVID-19


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-todanoticia.com- “Los problemas estructurales preexistentes, como el hacinamiento crónico y las condiciones antihigiénicas, junto con la falta de acceso adecuado a la atención médica han permitido la rápida propagación del COVID-19 en muchas instalaciones carcelarias”, asegura la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

Rupert Colville, portavoz de la oficina presidida por la exmandataria chilena Michelle Bachelet, dice que desde la llegada de la pandemia a las cárceles de todo el continente americano miles de prisioneros y funcionarios se han infectado con el COVID-19.

A raíz de las medidas de distanciamiento impuestas por los Gobiernos se han prohibido las visitas de familiares de los presos para prevenir los contagios, privándolos de su principal fuente de alimentación y otros artículos de primera necesidad.

Las actuales circunstancias han hecho que se desaten motines e intentos de fuga en países como Argentina, Perú, Colombia y Venezuela ante el miedo al contagio debido al hacinamiento.

LIMA. En el penal Miguel Castro Castro se produjo el 23 de abril un motín que terminó con nueve personas fallecidas.

"Acá estamos durmiendo uno encima del otro", dice Alonso, un interno del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Villavicencio en Colombia, un penal que tiene cupo para 1000 reclusos, pero acoge a más de 1700 y donde unos 400 internos están contagiados del virus, publicó BBC.

El testimonio de Alonso no dista del escenario que se repite en toda América Latina donde el hacinamiento carcelario alcanza el 60%, según un informe del Instituto para la Investigación de Política Criminal (ICPR, por sus siglas en inglés), con base en Londres.

"Hay gente durmiendo en los pasillos, algunos en los baños, otros que comparten cama", cuenta Alonso y dice que desde que se detectó el primer caso positivo del virus, la tensión reina en la prisión donde se reportan intentos de fuga, protestas y motines cada dos o tres días.

LIMA. Nueve presos murieron y decenas de guardias resultaron heridos en un motín en la prisión Miguel Castro Castro.

Sin embargo, los que más han preocupado a la ONU son tres. El motín del pasado 21 de marzo en Colombia en el que 23 internos murieron cuando las fuerzas de seguridad intervinieron en la cárcel de La Modelo. Otro ocurrido el 28 de abril en la cárcel Miguel Castro Castro de la capital peruana que se saldó con la muerte de nueve reclusos. Y el más reciente ocurrido el 1 de mayo en la prisión venezolana de Los Llanos, en el que murieron 47 internos.

Motín carcelario en Colombia causa 23 muertos en plena emergencia por coronavirus A causa de los últimos incidentes, la oficina de la ONU solicitó se realicen investigaciones imparciales y completas de este tipo de sucesos.

El portavoz mencionó que la gravedad de los incidentes parece indicar que los países no han tomado medidas apropiadas para prevenir la violencia y que han ejercido un excesivo uso de la fuerza para intentar recuperar el control.

Colville alertó también que en algunos países de la región se practican detenciones de personas que violan las medidas de cuarentena, lo que "incrementa el riesgo de infecciones" y empeora el hacinamiento.

El ICPR en una investigación realizada en 2019 menciona que los presos hablaron de hacinamiento extremo.

En Brasil, por ejemplo, 60 hombres comparten celdas construidas para 20. Los internos no tienen acceso a tratamiento médico adecuado, presentan hambre constante, falta de aire fresco y ejercicio y denuncian que utilizan cubos compartidos en lugar de inodoros y escasez de agua y jabón.

Un situación similar se vive en El Salvador. La oficina de la ONU denunció medidas “extremamente duras” de encarcelamiento para los presos tomadas en el país centroamericano y que podrían empeorar las precarias condiciones de higiene que presentan sus cárceles.

SAN SALVADOR. Policías con mascarillas vigilan a reclusos en la cárcel de Izalco.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) dentro de sus lineamientos para combatir la pandemia en los centros penitenciarios y apegándose a que los presos tienen el mismo derecho a la salud y la atención médica, exige "medidas fuertes de prevención y control de infecciones, pruebas, tratamiento y atención adecuados".

Sin embargo, para los países cumplir con los requerimientos de la OMS se les dificultará ya que carecen de los recursos humanos, materiales y financieros, según el ICPR.

"La única forma en que la mayoría de los países podrían darse el lujo de cumplir con esta obligación es reduciendo primero su uso del encarcelamiento... también significa reducir sustancialmente el uso de la detención preventiva", refiere el ICPR.

Varios países de la región, como Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador y Perú, han optado por liberar a los presos más vulnerables, tales como enfermos crónicos, ancianos, mujeres embarazadas, discapacitados o seropositivos para mejorar un poco las condiciones de hacinamiento existentes.