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Chile, 3 meses de protestas y una incierta salida a crisis


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-todanoticia.com- SANTIAGO. La huella de las protestas está marcada en las paredes de la capital chilena con mensajes contra el Gobierno.

Aunque ha bajado el número de asistentes, cada viernes o un día entre semana, las protestas no cesan en Chile, desde el pasado 18 de octubre cuando, inicialmente, las manifestaciones contra el alza en el pasaje del metro desencadenaron una ola de movilizaciones que sumieron al país en la peor crisis desde la dictadura.

Todavía se registran incidentes violentos en Plaza Italia, epicentro de las protestas en el centro de Santiago, registró el medio chileno Emol.

Los nuevos ataques apuntan a los cuarteles policiales, principalmente de Carabineros. Unos 350 de esos ataques han sido registrados.

El clima de violencia, angustia y esperanzas prevalece en Chile, un país que después de tres meses del estallido de la crisis parece estar en el diván, soltando rabia y reproches a un modelo económico que ignoró su bienestar social.

La síntesis del 2019: protestas multitudinarias El país de casi 18 millones de habitantes ha sido junto a Uruguay el más institucionalista de América Latina, pero la remezón social que vive desde el 18 de octubre tras un inesperado estallido popular, ha cambiado de un plumazo su organización e impera la incertidumbre sobre el final de la crisis.

El presidente Sebastián Piñera, que cumple su mitad de mandato en marzo, es el mandatario peor evaluado desde el retorno de la democracia en 1990, con 6 % de aprobación.

La confianza en Carabineros de Chile, la Policía admirada por 57 % de la población en 2015, hoy es una de las instituciones más desprestigiadas con solo 17 % de respaldo, en medio de un clima de protesta que no cesa, con episodios muy violentos, reveló la encuesta del Centro de Estudios Públicos.

“Esta institucionalidad que muchos destacaron de Chile es tan rígida, tan sólida en su estructura, que tiene problemas para lidiar con un terremoto social como el actual”, explica Matías Fernández, profesor de Sociología en la Universidad Católica.

“No sé cómo vamos a salir de esto que nos pasa, ojalá sea bien para todos los chilenos”, dice Cecilia Vergara, una arquitecta de 40 años, a quien no le gusta salir a protestar pero apoya las demandas sociales que reclaman los manifestantes, sin líderes y sin partidos.

En tres meses ningún político de derecha, de centro ni de izquierda ha logrado apropiarse del reclamo callejero.

Hoy prevalece la “incertidumbre, esta especie de tensión entre la esperanza y la preocupación o el desasosiego que ha caracterizado la situación del país desde que empezó esto”, sostiene el sociólogo.

Un plebiscito previsto para el 26 de abril, que decidirá si se cambia o no la Constitución, luce como el único plan concreto con miras a bajar la tensión, aunque muchos dudan si logrará ese cometido.

Según los sondeos, entre un 55 % y más del 60 % de los encuestados aprueba las protestas en el país. Un 38 % manifestó que el estallido social se produjo por el malestar de la población ante la desigualdad de ingresos y un 16 % por las bajas pensiones. (I)

Tres meses de estallido social Muertos y heridos

En los tres meses de crisis han muerto 29 personas, miles han quedado heridas y más de 350 han resultado con heridas graves en los ojos por perdigones o bombas lacrimógenas en los enfrentamientos con la policía.

Desempleo

Alrededor de unas cien mil personas perdieron sus empleos desde que se desató el estallido social.

Tres meses después, Chile continúa entre la angustia y la esperanza

Un clima de violencia, angustia y esperanzas prevalece en Chile, un país que después de tres meses del estallido de la crisis más grave en sus 30 años de democracia parece estar en el diván, soltando rabia y reproches a un modelo económico que ignoró su bienestar social.

Bajo un ardiente sol de verano, más de un millar de personas se concentró en la tarde en Plaza Italia, epicentro de las protestas en Santiago y que ha sido rebautizada como Plaza Dignidad por los manifestantes.

Mientras, otro importante grupo se enfrentó en calles aledañas a la Policía, que reaccionó con gases lacrimógenos y carros lanza-agua, un día antes de que se cumplan los tres meses desde el inicio del estallido en demanda de profundos cambios sociales.

Las manifestaciones se han mantenido "porque no ha habido ningún cambio, la agenda social el gobierno se la ha echado al bolsillo", dijo a la AFP Carlos Cona, dirigente del sindicato bancario de Chile, enfatizando que además continúa "la represión hacia los jóvenes".

Este país de casi 18 millones de habitantes ha sido junto a Uruguay el más institucionalista de América Latina, pero el remezón social ha cambiado de un plumazo su organización e impera la incertidumbre sobre el final de la crisis.

El presidente Sebastián Piñera, que cumple su mitad de gestión en marzo, es el mandatario peor evaluado en 30 años, con solo 6% de aprobación.

La confianza en Carabineros de Chile, la policía admirada por 57% de la población en 2015, hoy es una de las instituciones más desprestigiadas con solo 17% de respaldo, en medio de un clima de protesta y violencia, según reveló esta semana la encuesta del Centro de Estudios Públicos (CEP).

"Esta institucionalidad que muchos destacaron de Chile es tan rígida, tan sólida en su estructura, que tiene problemas para lidiar con un terremoto social como el actual", explica a la AFP Matías Fernández, profesor de sociología en la Universidad Católica.

Según Fernández existe "todo un sistema político que está incapacitado, que ha tenido muchísimas dificultades para tratar este terremoto social porque no tiene las herramientas para procesar la información, para procesar las demandas con mecanismos que no sean los que han estado históricamente establecidos".

Las conversaciones sobre política y actualidad nacional están a la orden del día en un país donde en diciembre de 2017, cuando Piñera ganó las elecciones presidenciales, una de las principales preocupaciones era la delincuencia (con uno de los índices más bajos en la región) y que tenía poco interés en discutir cambios a la Constitución heredada de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).

"No sé cómo vamos a salir de esto que nos pasa, ojalá sea bien para todos los chilenos", dijo a la AFP Cecilia Vergara, una arquitecta de 40 años a quien no le gusta salir a protestar pero apoya las demandas sociales de los manifestantes, sin líderes y sin partidos.

Incertidumbre

En tres meses ningún político ha logrado apropiarse del reclamo callejero. Los manifestantes se siguen autoconvocando por redes sociales y los viernes suelen ser días de concentraciones.

Hoy prevalece la "incertidumbre, esta especie de tensión entre la esperanza y la preocupación o el desasosiego que ha caracterizado la situación del país desde que empezó esto", sostiene el sociólogo Fernández.

Durante la crisis han muerto 29 personas, miles han quedado heridas y más de 350 sufrieron heridas graves en los ojos por perdigones o bombas lacrimógenas en enfrentamientos con la policía.

Un plebiscito el próximo 26 de abril, que decidirá si se cambia o no la Constitución heredada de la dictadura, luce como el único plan concreto para bajar la tensión, aunque muchos dudan si logrará ese cometido.

En respuesta a su mal momento, Piñera aseguró el jueves que entiende que "los chilenos no estén contentos con lo que ha pasado". "Yo tampoco estoy contento", agregó.

El mandatario dice estar dispuesto "a poner manos a la obra para ayudar a los chilenos a resolver sus muchos problemas, ayudarlos a aprovechar sus muchas capacidades y también ayudarlos a cumplir sus sueños".

El flojo apoyo a Piñera, un millonario empresario de 70 años, se explica por un "castigo transversal" a su gestión y a toda la clase política chilena, ante las masivas manifestaciones, explica Ricardo González, coordinador del Área de Opinión Pública del CEP, cuyo estudio fue realizado entre el 28 de noviembre y el 6 de enero, en plena crisis

Dos encuestas divulgadas esta semana señalan que entre un 55% y más del 60% de los encuestados aprueba las protestas. Un 38% manifestó que el estallido social se produjo por el malestar de la población ante la desigualdad de ingresos y un 16% por las bajas pensiones.