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Fiscal Cinthia Monterroso de la FECI, denuncia a la juez Erika Aifán


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-todanoticia.com- La acción es por supuesto abuso de autoridad, aunque los detalles no fueron proporcionados, y el caso ya lo tiene la Fiscalía de Delitos Administrativos para ser revisado previo a remitirlo al Organismo Judicial como antejuicio.

La semana pasada, Cinthia Monterroso, de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), terminó de redactar una denuncia penal en contra de Erika Aifán, juez de Mayor Riesgo D.

La acción judicial que firmó la fiscal fue recibida en la Oficina de Atención Permanente del Ministerio Público (MP) y se supo que ya fue remitida a la Fiscalía de Delitos Administrativos, que dirige Melvin Medina.

El señalamiento es por el posible delito de abuso de autoridad, según confirmó una fuente judicial.

Detalles se omiten

Los hechos denunciados por Monterroso no fueron proporcionados. Se le consultó a Julia Barrera, vocera del MP, para conocer los motivos de la denuncia, pero aún estaba verificando el caso.

La fuente consultada menciona que la denuncia contra Aifán tiene soporte. Se debe a un “hecho concreto que ocurrió durante una audiencia”.

Ni la fiscal Monterroso ni Juan Francisco Sandoval, quien dirige la Feci, proporcionaron detalles del caso. Para “no entorpecer” el avance de las pesquisas se ha evitado aclarar el motivo de la denuncia, se indicó.

Un detalle relevante es que la denuncia contra Aifán sucede durante la invitación a los abogados a participar como candidatos a magistrados de apelaciones y de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), cuyo plazo para postularse finalizará el próximo viernes 30 de agosto y para el cual Aifán hizo los trámites pues se sabe que se postulará.

Casos donde está Monterroso y Aifán

Monterroso es quien tiene a su cargo la investigación del caso Fénix, que también fue investigado por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).

La audiencia de más de 30 personas, incluido Sergio Alfredo Herrera Acevedo, hijo de Gustavo Herrera -con orden de aprehensión-, inició el 12 de abril pasado cuando se conocieron los primeros detalles de esta investigación.

Monterroso utilizó cinco días para imputar a los señalados y la audiencia se ha extendido debido a las intervenciones de los defensores.

En 2008 Gustavo Herrera habría llegado a un acuerdo para pagar US$7.4 millones para que cesara la persecución en su contra por su supuesta responsabilidad en el desfalco de Q350 millones al IGSS, no imaginó que años más tarde la justicia lo buscaría otra vez por ese caso, pero no por peculado, como en aquella ocasión; sino junto a otras 31 personas, y se le sindica de lavado de dinero u otros activos.

La investigación conjunta entre la Feci y la Cicig concluyó en la solicitud de captura de 19 personas y la citación de 33 más, entre personas individuales y representantes de 20 firmas comerciales, que supuestamente conformaron una organización criminal que utilizó diferentes tipos de empresas para lavar dinero obtenido de manera ilícita.

Las empresas de esta red, según las primeras pesquisas, son sociedades anónimas y limitadas, así como compañías offshore (fuera de plaza) y estarían vinculadas con Gustavo Adolfo Herrera Castillo, conocido no solo por su mediación para influir en la elección de magistrados de las cortes, sino también porque fue uno de los sindicados del desfalco de Q350 millones contra el Seguro Social, entre 2002 y 2004, caso por el que fue acusado y perseguido, pero nunca capturado.

Otro caso que también conoce la fiscal Monterroso es Asalto al Ministerio de Salud, cuya audiencia comenzó el 14 de agosto pasado. Ese día compareció la fiscal Claudia Carrera y Monterroso estuvo ausente.

El caso se conoció el 16 de julio pasado cuando fueron detenidas 19 personas y una semana después se entregó el exdiputado Luis Fernando Pérez Martínez.

Los señalamientos implican al exministro de Salud Jorge Villavicencio en una presunta estructura de corrupción en esa cartera.

También está señalada la hija de este, Saraí Villavicencio Delgado, y al exdiputado Pérez Martínez, como presuntos cabecillas de una estructura dedicada a cobros ilícitos por proyectos de remoción y reparación de hospitales durante el estado de Calamidad por el terremoto de San Marcos, así como por otros eventos de construcción de hospitales, compra de bienes en el ministerio y adjudicación de plazas en la institución a personas recomendadas por diputados del Congreso de la República.

Según el MP, la investigación está fundamentada con miles de correos electrónicos, registros documentales, eventos de compras, análisis criminalísticos, un colaborador eficaz involucrado en la recolección del dinero y complementado con otros dos colaboradores eficaces con conocimiento del método de cobro de la estructura.