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MP y la CICIG piden retirar inmunidad de presidenciable de FCN-Nación, 6 diputados y el Ministro de Economía


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-todanoticia.com- El Ministerio Público y la CICIG solicitaron este 6 de mayo ocho solicitudes de levantamiento de inmunidad contra un candidato a la Presidencia, seis diputados que fueron parte del Partido Patriota (PP) y un ministro del actual gobierno por un caso de corrupción en el Congreso de la República durante 2014.

El caso involucra la supeditación del Congreso de la República durante 2014 para la aprobación del decreto 12-2014, la Ley de Control de las Telecomunicaciones Móviles en Centros de Privación de Libertad y Fortalecimiento de la Infraestructura para Transmisión de Datos, conocida como la Ley Tigo.

Según el Ministerio Público (MP), al menos 62 diputados del PP se vieron beneficiados con pagos provenientes de Tigo mediante la intervención de la entonces vicepresidenta, Roxana Baldetti.

Los imputados habrían sido los diputados “jefes de línea” que coordinaron la aprobación de la ley por parte de su bloque, y un intermediario de parte de la empresa.

Estos son:

Estuardo Galdámez, diputado y candidato presidencial de Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación).

Juan José Porras, diputado.

Haroldo Quej, diputado.

Boris España, diputado.

Gustavo Arnoldo Medrano, diputado.

Mirma Figueroa de Coro, diputado.

Marco Antonio Orozco, diputado.

Acisclo Valladares Urruela, quien fue representante de Tigo y actual ministro de Economía.

Otras acciones

El caso es denominado por el ente investigador como “un ejemplo de captura del Estado” ya que, según los indicios recopilados, testimonios, chats interceptados, correo electrónicos y fotografías, los congresistas condicionaron su voto a las decisiones del Ejecutivo y cobraron por la aprobación de leyes como la Ley de Control de las Telecomunicaciones Móviles, pero también la elección de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y Salas de Apelaciones en 2014; la elección del contralor General de Cuentas y la designación de la Junta Directiva y las comisiones de trabajo, entre otras decisiones.

Un exdiputado del PP, cuyo nombre no ha sido revelado, es el principal testigo de este caso, el cual se fundamenta, además, en mensajes recopilados de teléfonos celulares y registros de la Superintendencia de Telecomunicaciones (SIT) e ingresos a la Casa Presidencial, entre otros elementos.

Entre los delitos que se imputa a los señalados se encuentra cohecho pasivo, lavado de dinero y violación a la Constitución, este último por violación a la división de poderes entre Ejecutivo y Congreso.

La operadora de los pagos habría sido la vicepresidenta Roxana Baldetti, quien cumple condena de 15 años por el fraude en el proyecto de saneamiento en el Lago de Amatitlán, pero también enfrenta casos de TCQ, Cooptación del Estado, La Línea, plazas fantasma en el RIC y la solicitud de extradición a Estados Unidos por delitos de narcotráfico.

Los pagos presuntamente habrían provenido de la empresa Tigo y Valladares Urruela habría sido uno de los intermediarios para la entrega del dinero, según cinco testimonios recopilados en la investigación.

Con base en el número de diputados del partido oficial, entre 2012 y los primeros cuatro meses de 2015, los pagos podrían alcanzar los Q57.8 millones.

La Cicig ha declinado brindar declaraciones al respecto.

El caso lo lleva Víctor Manuel Cruz Rivera, juez Décimo de Primera Instancia Penal, luego de que acciones procesales de Tigo se lo quitaran al Juzgado Noveno de Primera Instancia Penal, por decisión de la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones.

Cruz giró en marzo una orden de captura contra la exfiscal general, Thelma Aldana.

¿De qué trata la ley?

Vigente desde el 25 de abril de 2014, la Ley de Control de las Telecomunicaciones Móviles en Centros de Privación de Libertad y Fortalecimiento de la Infraestructura para Transmisión de Datos, decreto 12-2014, tiene como propósito establecer normas que impidan las telecomunicaciones no autorizadas desde centros del Sistema Penitenciario nacional y regular mecanismos ágiles que unifiquen y simplifiquen los trámites necesario para la instalación de la infraestructura de comunicaciones necesaria para la prestación de servicios de transmisión de datos.

Los operadores de redes locales de telefonía móvil debían implementar soluciones técnicas para que desde los centros de privados de libertad no se pueda generar tráfico de telecomunicaciones móviles.

Para implementar esta medida, los operadores tenían un plazo de ocho meses y el Ministerio de Gobernación y la Secretaría de Bienestar Social debían dar apoyo,

Las autoridades del Sistema penitenciario debían hacer un monitoreo cada 15 días para asegurar que las medidas implementadas fueran efectivas, en caso contrario la Superintendencia de Telecomunicaciones (SIT) impondría una multa entre los Q300 mil a Q500 mil por cada mes de retraso en el funcionamiento efectivo de la medida.

Quien prestara servicio de transmisión de datos que tenga instalados por los menos seis mil kilómetros de fibra óptica o cualquier operador de red local y comercial debidamente inscrito en el Registro de Telecomunicaciones, que tenga más de cien líneas de acceso, podrán solicitar a la SIT autorización para instalar antenas que se usen para transmisión inalámbrica de datos, en propiedad privada o en bienes de dominio público.

El solicitante podía cumplir con una serie de requisitos, como la descripción de los bienes a utilizar; la constancia de inscripción como operador de red comercial o red local, si fuera aplicable; copia de los informes de operador de la red de los últimos dos trimestres; descripción de la infraestructura a instalar.

Se debía acreditar por medio escrito la suscripción de contratos con terceros para uso de infraestructura o bienes, si fuera el caso, cuando es en propiedad privada, se debía presentar la resolución en donde conste el pago de la indemnización pertinente.

La ley establece arbitrios a favor de las municipalidades por uso e bienes e instalación de infraestructura. Uno de ellos es de Q0.70 anuales por cada metro de bienes de dominio público, incluyendo el espacio aéreo sobres las calles, en el cual se instalen o tiendan los cables y las líneas de fibra óptica.

Otro arbitrio consiste en el pago de Q15 por poste instalado por el solicitante, este se pagará por mes vencido, a partir de los 30 días siguientes a la autorización de la instalación del poste.

El solicitante debía hacer un pago único de Q30 mil por cada torre o estructura que soporte antenas instaladas en bienes de dominio público, cuando la estructura se instale en bienes de propiedad particular el pago será de Q3 mil.