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Presidente independentista de Cataluña Quim Torra quiere a políticos presos en su gobierno


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-todanoticia.com- El independentista Quim Torra, recién investido como nuevo presidente regional de Cataluña, afirmó el martes (15/05) que ofrecerá a los ministros encarcelados y exiliados del anterior gobierno de Carles Puigdemont recuperar el cargo del que fueron cesados por Madrid.

"Les propondremos seguro (...) y si ellos aceptan, serán consejeros (ministros regionales)", afirmó Torra en una entrevista a la emisora pública regional Cataluña Radio.

La formación de un gobierno debería terminar con la intervención sobre la autonomía regional por parte del ejecutivo central de Mariano Rajoy, que destituyó a Puigdemont y su gabinete tras la fallida declaración de independencia del 27 de octubre.

Pero la restitución de ministros regionales cesados, en su mayoría en prisión preventiva o en el extranjero pendientes de procesos de extradición, podría dificultar la recuperación de la autonomía de esta región de 7,5 millones de habitantes.

"Si se plantease esta opción, se debería estudiar y determinar si se ajusta a la legalidad y justifica el levantamiento" de la intervención de Madrid, advirtió el delegado del gobierno español en Cataluña, Enric Millo, en una entrevista a la televisión regional 8TV.

Por su parte, Rajoy se reunió el martes con el líder de la oposición española, el socialista Pedro Sánchez, en el Palacio de La Moncloa, sede del Gobierno español, para abordar la situación en Cataluña, cuyo nuevo presidente prometió lealtad al mandato de "construir un Estado independiente".

Ambos "se han comprometido a ofrecer una respuesta pactada y proporcional en la defensa de la legalidad constitucional (...) frente a cualquier eventual desafío", señalaron en un comunicado conjunto.

Tras la mayoría absoluta obtenida en las elecciones de diciembre, convocadas por Rajoy, los independentistas intentaron restituir el "gobierno legítimo" de Puigdemont pero la justicia lo bloqueó porque se encontraba en el extranjero.

El líder separatista nombró como sucesor a Torra, un miembro del ala dura acusado por sus rivales de "xenófobo" por una serie de escritos muy ofensivos contra los españoles.

El lunes, este editor de 55 años novel en política fue escogido por una escueta mayoría en el Parlamento catalán y ahora está a la espera de que el rey Felipe VI firme el decreto de su nombramiento para tomar posesión del cargo y formar gobierno.

Este martes viajó a Berlín para reunirse con Puigdemont, a quien sigue considerando como el "presidente legítimo", y "coordinar cuál es la estrategia a seguir", afirmó en Catalunya Radio.

En el comunicado, Rajoy y Sánchez subrayan el rechazo a cualquier intento de poner en marcha estructuras políticas "distintas a las únicas válidas, que son aquellas contempladas en la Constitución y el Estatuto de Autonomía (norma de autogobierno) de Cataluña".

Igualmente se comprometen a que se vigile el cumplimiento de la legalidad y que esa "vigilancia" se haga extensiva a los recursos públicos que conforman el presupuesto del Gobierno autonómico catalán "para garantizar que se destinen al cumplimiento de los fines de interés general para el que están previstos".

Rajoy y Sánchez trasladan además a la sociedad española un mensaje de "serenidad y firmeza" en defensa de la "concordia civil, la legalidad vigente y la unidad de España", y se comprometen a reforzar su acuerdo político a favor del orden constitucional en España y ante "los socios europeos".

El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) apoyó, junto a Ciudadanos (liberales), al Gobierno español en la aplicación del artículo 155 de la Constitución española (que posibilitó la intervención del Estado sobre las instituciones autonómicas catalanas) tras la declaración unilateral de independencia aprobada por el Parlamento regional el 27 de octubre de 2017.

Rajoy y Sánchez renovaron hoy aquel pacto, a la espera de saber cual será la decisión de Ciudadanos, con cuyo líder, Albert Rivera, se reúne el jefe del Ejecutivo español el próximo jueves.

El texto señala que el acuerdo establecido entre ambos queda abierto a "todas las fuerzas políticas", tanto a las que apoyaron la aplicación del artículo 155 como "a cualquier otra que desee mostrar su compromiso con las instituciones y el cumplimiento del ordenamiento jurídico".